ahötsa_

Hay grandes diferencias en la probabilidad de enfermar, y de morir tempranamente, condicionada por la clase social, el tipo de trabajo, el género, el origen geográfico, la vivienda, o el barrio en donde se viva. Desigualdades injustas en cuanto evitables.

Recientemente, la Consejera de Derechos Sociales, a iniciativa de la Red de Lucha Contra la Pobreza, informaba sobre la buena situación de Navarra en cuanto a pobreza y exclusión social, en comparación con el resto de Comunidades Autónomas.

Paro este buen dato no puede hacernos olvidar que en nuestra comunidad hay 90.000 personas en riesgo de pobreza y 20.000 en riesgo de exclusión social, situación a todas luces injusta y más si a esto le añadimos la pérdida de poder adquisitivo de la inmensa mayoría de la población, el incremento de familias en riesgo de pobreza energética y el continuo aumento de las desigualdad por un reparto de la riqueza injusto, favorable a las clases más ricas y grandes empresas, gracias a las políticas gubernamentales que les favorecen.

Tampoco se habla de los beneficios escandalosos de las grandes compañías eléctricas, de comercialización de materias primas, del petróleo o de la banca, que fomentan sistemas impositivos injustos que contribuyen a empobrecer a la práctica totalidad de la ciudadanía.

Los presupuestos del Gobierno de Navarra para el año 2023 presentan un aumento del 9%. El del Departamento de Salud lo hace en menor medida (5,6%), siendo el segundo de menor crecimiento. Ya el año pasado fue el único que no creció en financiación frente a aumentos por encima del 10% del reto de Consejerías.

En el anteproyecto de presupuesto del Gobierno de Navarra para 2023 no aparece cambio significativo alguno en aras a desarrollar las necesarias mejoras del sistema público de salud, dando pasos sin embargo en su apuesta por la sanidad privada.

El porcentaje de gasto destinado a Atención Primaria se mantiene por debajo del 15% frente a la reclamación técnica y social de llegar al 25%. Por el contrario, si aumentan los recursos para concertaciones y derivaciones a los centros privados (9%), se recupera la financiación a la CUN del OPUS a niveles anteriores al anterior Gobierno, no se controla el gasto farmacéutico que aumenta una 16%, apenas hay inversiones en la necesaria remodelación de los centros de salud.

En ningún caso se platea desarrollar medidas de interés para aumento de servicios y prestaciones en aras a contar con recursos propios en salud bucodental, auditiva o mental, disminuir las exageradas listas de espera de los hospitales y la falta de accesibilidad a los centros de salud, lo que está produciendo un incremento progresivo de los seguros privados, contribuyendo a una mayor desigualdad en el acceso y fomentar un servicio público de salud solo para pobres.

El presupuesto para la Salud Pública y Laboral aumenta en un escaso 3% sin plantear estrategias definidas para abordar los determinantes de salud y disminuir las desigualdades.

Como en anteriores ejercicios nada se incluye para la eliminación segura del amianto presente en edificios y empresas, exigencia europea a finalizar para el año 2032.

Desde el Departamento de Innovación, sin participación del Departamento de Salud, se mantiene la apuesta decidida por un modelo de desarrollo de la medicina personalizada, individualizada frente a la intervención comunitaria, como plataforma de negocios sanitarios privados. Aumenta un 10% el dinero destinado a la Fundación para la Investigación Médica Aplicada (FIMA) de la Universidad del Opus alcanzando los 2.200.00 euros.

El Departamento de Derechos Sociales sigue apostando por ser un dispensador de recursos públicos a la iniciativa privada, consolidando así, como claramente se manifestó en la pandemia Covid, un modelo de limitada calidad y deficientes condiciones de empleo y trabajo de sus trabajadoras y trabajadores.

Desde el Departamento de Desarrollo Económico, competente en materia de trabajo, se sigue sin habilitar recursos para aplicar sus amplias competencias sobre la Inspección de Trabajo e impulsar la mejora de las condiciones de empleo y trabajo que determinan los riesgos laborales.

A la hora de valorar los presupuestos hay que considerar por un lado que la inflación experimentada en este último año ha sido del 10% y que en los presupuestos se incluyen los prestamos extraordinarios de la Unión Europea que incrementan la deuda pública, es decir de todas/os los contribuyentes. Forzado por la necesidad de apoyos para aprobar los presupuestos el gobierno se ve obligado a asumir tímidas reformas progresivas en materia fiscal. En resumen, el Gobierno se propone gastar más para hacer frente a la inflación, aumentar la deuda y mantener un sistema fiscal injustamente desigual para pagarla.

Estas cuentas muestran un bajo peso político del Departamento de Salud a la hora de definir las políticas del Gobierno de Navarra mientras otros Departamentos al dictado de los lobbies en favor de los negocios sanitarios privados van dando pasos sólidos en favor de su privatización, contribuyendo a aumentar la pobreza y la desigualdad.

Por todo lo anterior la PNS/NOP y la ADSPN/NOPAE llaman a participar en las movilizaciones que para este mes de noviembre ha convocado por la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria en contra de la pobreza y la desigualdad social y en favor de los servicios públicos.

En forma de concentración el jueves día 10 a las 11 de la mañana ante el Parlamento de Navarra y de manifestación que saldrá de la Plaza del Baluarte el sábado 19 a las 17:30.