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Junto a ellos, se diseñan centros comerciales de dudosa rentabilidad que, como sus antecesores, conllevarán un empeoramiento de las condiciones laborales en el sector comercial, una disminución del consumo de cercanía y un aumento del transporte privado y del gasto energético.

Si algo nos enseñó la última crisis inmobiliaria es que la lógica de las constructoras y los bancos nada tiene que ver con el derecho a una vivienda digna. Y mucho menos con un desarrollo urbanístico acorde con las necesidades de los habitantes de la comarca de Pamplona, ni con los tiempos de crisis energética y medioambiental que ya padecemos.

El único objetivo de las constructoras y de las entidades financieras es la de sacar beneficio. Y poco importa si está basado en la especulación del suelo, el incremento del precio del alquiler, la venta de créditos o las pérdidas millonarias de ayuntamientos, mancomunidades y Gobierno de Navarra, que no pueden afrontar los servicios que demandan esas zonas creadas de la nada y que acabamos pagando el resto de los ciudadanos, bien con el cierre de servicios en barrios populares o bien en un aumento de tasas.

La lucha de clases también se da en la política urbanística o de vivienda navarra. Mientras unos pocos ganan, los trabajadores se las ven y desean para pagar una hipoteca o un alquiler en unos barrios que van perdiendo calidad de vida con el paso de los años. Y qué decir de los sectores más vulnerables: desde desempleados, jóvenes que no pueden independizarse hasta familias monoparentales o emigrantes, más si son mujeres.

No olvidemos lo que pasó a principios del siglo XXI, con miles de trabajadores desahuciados, millones de euros robados de las arcas públicas para ‘rescatar’ a la banca, incremento del precio de la vivienda pública para mayor gloria de las constructoras y barra libre a la especulación por parte de grandes y medianos propietarios.

Aunque desde los últimos Gobiernos de Navarra se han dado dando pasos que limitan la lógica del mercado libre, sigue faltando una línea política contundente que ponga el urbanismo en su conjunto, y la política de vivienda en particular, al servicio de los ciudadanos presentes y futuros, y no de las empresas constructoras.

Echemos, por ejemplo, un vistazo a los diferentes barrios y municipios de la comarca para ver dónde se han dado las mayores inversiones en los últimos años: no en aquellas zonas con más población, con infraestructuras más anticuadas y con mayor demanda vecinal de colegios, guarderías, zonas de ocio infantil, paseos, jardines, servicios… sino, precisamente, en aquellas zonas nuevas en las que el objetivo no es otro que vender el ladrillo que se está levantando. Viviendas, por cierto, que serán mayoritariamente libres porque las leyes permiten especular con el suelo y venderlo a un precio que la administración no puede afrontar.

Pero no solo con jardines, colegios o villavesas pagadas con dinero público se cofinancian proyectos privados levantados de la nada. En las últimas décadas, la vivienda protegida en sus diferentes modalidades -es decir aquella que ayudamos a construir los trabajadores y trabajadoras con nuestros impuestos-, se ha convertido en un negocio para constructoras y especuladores. Vivienda pública que, en no pocas ocasiones, ha sido ‘secuestrada’ por intereses empresariales, aumentando o reduciendo su número no en base a la demanda ciudadana, sino al desarrollo de proyectos urbanísticos propios o en espera de un incremento del dinero que el Gobierno da por levantar esos pisos protegidos.

Un dato: en los años de la crisis del ladrillo, el número de viviendas protegidas y libre construidas en Navarra se equiparó. O lo que es lo mismo: el sector inmobiliario se mantuvo vivo con dinero público. Una década después, el número de viviendas protegidas sigue descendiendo con respecto a las libres: cada año se construyen muchas menos y se descalifican más, ya que miles de viviendas que fueron adquiridas con buena parte de dinero público, al cabo de unos años, pierden la calificación de protegidas y se pueden vender sin más ley que la del mercado, generando beneficios únicamente privados e incremento del precio de la vivienda en su conjunto.

Mientras esto sucede, la lista de demandantes de vivienda protegida aumenta, ya sea para comprarla o, sobre todo, para alquilarla. Precisamente en este último grupo se da las cifras más alarmantes: mientras que son cada vez más los ciudadanos que demandan
alquilar una vivienda son menos las que se ofrecen en esta modalidad. En 2020, en todo Navarra, únicamente se ofertaban 105 frente a las casi 10.000 peticiones.

El presente y el futuro es, si cabe, más negro y paradójico. El parón que vive la construcción de vivienda pública y el previsible incremento de precio de los módulos de VPO harán que, a pesar de las nuevas edificaciones que ya asoman por nuestra comarca, será aún más difícil encontrar una casa digna a un precio accesible. La salida a esta situación ya es conocida: endeudamientos de por vida para la clase trabajadora, alquileres que se llevan casi todo el sueldo o familias enteras obligadas a vivir en una habitación.

La inflación y la incertidumbre económica, pero también el cambio climático o los problemas a la hora de garantizar los servicios públicos en las nuevas zonas de construcción alejadas de los núcleos de mayor densidad poblacional hace urgente una profundización en las políticas progresistas sobre vivienda en Navarra. No son tiempos de mirar hacia otro lado ni de tibieza legislativa, sino de poner las bases de la comarca de Pamplona del futuro y de impedir que las clases populares vuelvan a pagar la próxima crisis del ladrillo. El derecho a una vivienda digna y a un desarrollo urbanístico sostenible medioambiental y energéticamente es incompatible con el mercado libre.