ahötsa_

Los datos que ha venido recabando la Red Ciudadana Sare indican que el 90% de la población reclusa en el Estado español llega al final de la condena encontrándose al menos en segundo grado, en régimen ordinario y, en muchos de estos casos incluso se llega al final de la condena encontrándose en régimen de libertad condicional tras haber pasado por el tercer grado, mientras que en el caso de los presos y presas vascos, la finalización de la condena, en la mayor parte de los casos, se ha venido produciendo encontrándose todavía en primer grado.

“La excepcionalidad en el tratamiento penitenciario a los presos y presas vascos se manifiesta con evidencia porque sus progresiones a tercer grado penitenciario son prácticamente inexistentes”, resalta Sare en el estudio hecho público hoy.

Hasta hace un año la práctica totalidad de estos presos y presas se encontraba en primer grado penitenciario, con lo que han recobrado la libertad una vez cumplida la integridad de la condena en ese primer grado penitenciario, “una grave anomalía” en palabras de Sare. A día de hoy 11 presos se encuentran en tercer grado, y 155 en segundo grado. Otros 7 están sin clasificar. Sare destaca que la inmensa mayoría de estos presos “se encuentran bloqueados en un segundo grado penitenciario, lo que les impide avanzar hacia la libertad condicional, una vez cumplidas las 3⁄4 partes de su condena. Este es un ejemplo más, del régimen de excepcionalidad que venimos denunciando”.

Presos gravemente enfermos y/o con otros condicionantes físicos
La media de edad de los presos vascos es una media de edad alta (47 años). Son muchos los que llevan bastantes años de cumplimiento de condena, y ello ha agravado el estado de salud del EPPK. Los hay incluso que tienen más de 70 años, con más de 20, 25 y 30 años de cárcel a sus espaldas.

“Con estos datos, no es difícil concluir que la situación física y psíquica de muchos de ellos, sea muy delicada. En estos momentos, hay 19 presos gravemente enfermos, que por su situación médica y el tiempo cumplido de su condena, deberían estar siendo atendidos de sus enfermedades fuera de las prisiones y cerca de los suyos, pero el régimen de excepcionalidad al que nos venimos refiriendo, hace que no se les aplique la legislación que posibilita esta excarcelación”, denuncian desde Sare.

Libertades condicionales: un tercio de los presos a la calle
Sare considera que con una política penitenciaria normalizada, más de un tercio de estos presos y presas, estarían hoy en sus casas. Pero la actuación de los estamentos judiciales españoles está impidiendo que los y las presas puedan hacer este recorrido.

“Durante este pasado año, ha surgido, como elemento distorsionador del proceso de normalización de la política penitenciaria, la acción de la Fiscalía y del JCVP. Entendemos que esta forma de actuación es parte de una estrategia de bloqueo político desde estructuras del poder judicial en clave patriótica, que desde luego no persigue finalidades de política penitenciaria humanitaria y que es deudora de concepciones políticas alejadas de la democracia”, indican desde Sare.

Por ello consideran que es necesario “reinterpretar las leyes de excepción, revisarlas desde criterios de normalización y funcionamiento ordinario de la ley, la Justicia y las Instituciones Penitenciarias”. Y proponen también cambios legislativos, tales como la derogación de la ley 7/2003 y la ley 7/2014, así como la adopción de las decisiones necesarias para que la política penitenciaria sea fiscalizada por juzgados de vigilancia penitenciaria ordinarios, no por el juzgado central de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional.

“La política penitenciaria debe ajustarse a los mandatos legales, al respeto de los derechos fundamentales de las personas en prisión y a la aplicación de una política penitenciaria acorde con los principios que en esta materia defienden las Instituciones Internacionales expertas en Derechos Humanos. Esto es una exigencia democrática ineludible que como tal es vivida por una mayoría de la ciudadanía vasca, que repite anualmente esta reivindicación del respeto de los derechos de las personas en prisión, en especial, de su derecho a cumplir condena cerca de su domicilio habitual”.