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Tras casi 10 años desde la celebración de la Conferencia Internacional de Paz de Donostia en octubre del 2011, a la que acudieron personalidades internacionales de la talla de Kofi Annan, Bertie Ahern, Gerry Adams o Jonathan Powell y que finalizó con una declaración en la que se solicitaba a ETA el cese definitivo de la lucha armada y que esta organización asumió a los pocos días, la situación en las prisiones españolas y francesas ha cambiado mucho. Seguramente no al ritmo que la mayoría de la sociedad desearía, y con cambios menos profundos de lo necesario para lograr la vuelta a casa de todas las personas presas a consecuencia del conflicto. Pero tal y como constatan las asociaciones y colectivos que trabajan en favor de los derechos de los y las presas vascas, la dirección que ha tomado la política penitenciaria parece irreversible, y es hora de dar nuevos pasos en la buena dirección.

La dispersión, menos kilómetros pero con tarea por hacer
Si hasta hace poco el número de presos en cárceles vascas era anecdótico, con 3 o 4 miembros del EPPK en las prisiones de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia, ahora son 64 las personas que cumplen sus condenas en estas cárceles, y también en la prisión de Iruñea, que alberga a 10 presos y presas políticas vascas. Del total de 113 miembros del EPPK encarcelados en el Estado español, el 36% se encuentra ya en cárceles vascas y el 57% en prisiones españolas de entre 150-400 km de distancia. Otro 7% está bastante más lejos todavía, en prisiones a 400 o 600 km de su lugar de origen.

En el Estado francés los números son menos complicados dado que ya solamente hay 21 presos y presas vascas en sus cárceles. El 81% se encuentran en las cárceles más próximas a Ipar Euskal Herria, como Lannemezan (a 330km de Euskal Herria) o Mont de Marsan (a 260km). Aquí, quienes rompen este buen porcentaje son las 4 mujeres del EPPK en prisiones francesas, que siguen encarceladas en las prisiones de Reau (a 925km) y Rennes (a 795).

198 presos y presas políticas tras “10 años de paz”
Si la Declaración de Aiete y el cese de la actividad armada de ETA hace ya 10 años parecía que iba a impulsar un nuevo tiempo de soluciones también para la situación de los y las presas vascas, ha habido que esperar mucho tiempo para ver esos primeros y tímidos pasos por parte de las autoridades españolas y francesas. Una década plagada de operaciones policiales, sumarios y macro juicios, y tragedia en las cárceles con la muerte de varios presos y ex presos a consecuencia de la política penitenciaria. 10 años con la clase política española instalada en la desconfianza, sembrando dudas infundadas sobre la firmeza de la decisión de ETA y en torno a los pasos que la Izquierda Abertzale y el EPPK iban dando en el reconocimiento del sufrimiento causado o en la consolidación del proceso de paz en Euskal Herria. Fue la presión social e institucional en Ipar Euskal Herria la que abrió una grieta en la política de dispersión, con inicio del traslado de los presos vascos a cárceles cercanas.

Cuando ETA declaraba su cese definitivo, Etxerat pedía a los estado español y frances dar “un giro de 180 grados” a sus políticas penitenciarias. Entonces había alrededor de 700 presos y presas, y en la actualidad hay menos de 200. Podría parecer que las autoridades españolas y francesas recogieron la solicitud de Etxerat, pero la realidad es que la mayoría de las personas excarceladas han cumplido integramente sus largas condenas de prisión. Y hay que recordar la derogación por parte de Estrasburgo de la conocida Doctrina Parot en el 2013, por la cual fueron excarcelados decenas de presos y presas que el Estado español mantenía en prisión de forma ilegal.

Hoy, son 28 mujeres y 170 hombres quienes se encuentran en prisión conformando el EPPK. También hay una niña entre rejas, hija de la presa política navarra María Lizarraga. En este sentido, Sare Herritarra ha dado comienzo a una nueva dinámica que busca iniciar el proceso de vuelta a casa de los y las presas vascas, muchas de las cuales, con la sola aplicación de las leyes vigentes, deberían de pisar la calle de inmediato con la aplicación de beneficios penitenciarios y permisos para la salida de prisión.

La política penitenciaria de excepción, el obstáculo para la vuelta a casa
Para entender por qué todavía hoy son casi 200 las personas encarceladas, hay que fijarse en la política penitenciaria de excepción que se les ha aplicado. A más de 50 presos no se les ha computado el tiempo de condena cumplida en Francia, tal y como establecen los criterios europeos. Así mismo, más de 50 presos siguen encarcelados a pesar de haber cumplido las 3/4 partes de sus condenas, lo que les debería dar opción a obtener la libertad condicional. Un total de 60 presos y presas fueron condenados bajo la aplicación de la reforma en la ley española de enjuciamiento criminal 7/2003, que ampliaba de 30 a 40 años el tiempo máximo de cumplimiento de condena en la cárcel, una auténtica cadena perpetua encubierta.

Muchas de estas situaciones vienen motivadas o se ven agravadas por la clasificación de los y las presas políticas vascas, que hasta hace bien poco pasaban la práctica totalidad de sus condenas en el régimen penitenciario más duro y estricto: en 1º grado. En los últimos meses, muchos reclusos han pasado del 1º al 2º grado. A día de hoy solamente un preso vasco permanece en 1º grado. En 2º grado hay 158 presos y presas, algunos de los cuales ya disfrutan de permisos penitenciarios. Pero lo importante es que pasen al 3º grado, para poder optar a la libertad condicional, y para ello deben disfrutar anteriormente de permisos penitenciarios. Y es ahí donde la Audiencia Nacional está poniendo obstáculos, impidiendo esa progresión de grado, tal y como viene denunciando el Foro Social. Solamente hay 10 presos y presas políticas en 3º grado, 5 de ellos están en prisión atenuada por su grave estado de salud.

Es seguro que el próximo mes de octubre, cuando se celebre el 10º aniversario de la Conferencia de Aiete y de la declaración de cese definitivo por parte de ETA, muchos tengan en cuenta estas cifras para evaluar el compromiso de unos y otros con la paz y la convivencia democrática en Euskal Herria.