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El ‘argumento’ esgrimido para adoptar tan urgentísima decisión a una semana de llegar al poder, el 21 de junio de 2019, fue que se exigía conocimiento de euskera en dos de las cuatro plazas que se ofertaban. EH Bildu recurrió aquella revocación, meses después el Ayuntamiento se allanó (lo que jurídicamente viene a ser dar la razón al/la recurrente), y emprendió la revisión de oficio de la OPE. Dos años después, sigue paralizada.

No contentas con este retraso, el pasado 2 de agosto, aprovechando el verano y la caducidad de esa última maniobra jurídica que había utilizado, el gobierno de Enrique Maya ha vuelto a darle al botón de reiniciar el proceso de revisión de oficio, en una perversión insostenible de dicha herramienta. ¿Cuál es el objetivo de esta maniobra? Sin duda alguna, ganar tiempo y mantener la OPE paralizada hasta fin de mandato. Es decir, bloquearla de facto.

El Gobierno de Navarra Suma, con el visto bueno de la concejala de Igualdad, María García Barberena, vuelve a enrocarse en sus fobias contra el euskara a costa de impedir la consolidación de dos plazas necesarias en el área. Plazas hoy cubiertas por dos profesionales en situación de inestabilidad, que no trabajan en las condiciones laborales que deben. Qué poco le importan a Navarra Suma los recursos humanos a su cargo, que es capaz de bloquear durante cuatro años una oferta pública de empleo solo por su incorregible, vergonzosa y tenaz euskarafobia…

La derecha no solo escamotea así recursos humanos necesarios en Igualdad y Juventud, sino que demuestra, una vez más, que se la trae al pairo las condiciones de trabajo de las y los profesionales de los servicios públicos que hoy desarrollan funciones bajo su responsabilidad. Y lo que es peor, pone en evidencia la falta de una estrategia a medio y largo plazo en Igualdad y Juventud, áreas siempre desatendidas e infravaloradas por la derecha. Es sabido que las prioridades y la filosofía de la derecha chocan frontalmente con los derechos de las mujeres y de la juventud.

 Su gestión durante este mandato ha oscilado entre estar a la zaga de lo hecho en el mandato anterior por el Gobierno liderado por Joseba Asiron y, por supuesto, de lo que plantea el movimiento feminista u otros grupos políticos, y dedicarse a cortocircuitar algunos de esos avances por sus prejuicios ideológicos.

Recordemos la censura de una charla feminista en la Casa de las Mujeres, la polémica por la pretensión de quitar los carteles contra las agresiones sexistas a la entrada de la ciudad o la oposición contumaz, de la mano de la ultraderecha y asociaciones homófobas como Hazte Oír, a la estrategia de coeducación y respeto a la diversidad en Navarra.

María García Barberena, concejala delegada de Igualdad, y Fernando Sesma Urzaiz, concejal de Juventud, y además de una insultante fobia hacia una lengua propia y cooficial de Pamplona, evidencian su absoluto desprecio hacia las áreas que dirigen. No tienen ningún escrúpulo en persistir en el bloqueo chabacano de esta OPE por puro interés partidista.

Esta es la realidad, más allá de palabras huecas, fotos interesadas y gestos testimoniales. En Igualdad, como en Juventud, hacen falta recursos humanos suficientes para aplicar ágilmente políticas públicas efectivas. Para empezar, la propia Ordenanza de Igualdad y el Plan LGTBI+ aún en desarrollo. Pero también otras nuevas estrategias, en colaboración con el movimiento feminista de nuestra ciudad.

En un verano de grave incremento de los asesinatos de mujeres y de agresiones contra personas LGTBI+ en el estado, la prioridad de Navarra Suma es utilizar un ardid para retrasar, aún más, que las áreas que desde el ámbito municipal luchan contra los principales problemas de mujeres y jóvenes dispongan de personal técnico suficiente y en condiciones dignas.

Luchar contra el grave problema de la violencia machista, diseñar estrategias para hacer frente al machismo estructural, impulsar un cambio de mentalidad real y profundo en la sociedad, fomentar verdaderamente el empoderamiento de las mujeres y garantizar los espacios seguros para las personas LGTBI, el respeto a la diversidad etc. deberían ser prioridades absolutas para cualquier gobierno. Pero no ocurre así en Iruñea, donde el equipo de Enrique Maya nuevamente echa el freno y se enroca en contra de la igualdad.