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Cuando las viviendas de alquiler de VPO de Etxabakoitz, Arrotxapea y Sanduzelai que acogían a más de 150 familias fueron vendidas al fondo buitre TESTA Residencial, el Gobierno de Navarra se negó a ejercer su derecho de tanteo y retracto por el cual habrían podido adquirir con carácter preferente unas más que preciadas y necesarias viviendas públicas, y tras una serie de movilizaciones del vecindario, negoció con el fondo buitre una serie de condiciones para limitar el precio del alquiler de viviendas que perdían el régimen de protección pública.

Fue a principios del 2020 cuando estas viviendas dejaron de ser de protección oficial y los inquilinos recibieron notificaciones anunciándoles subidas de alquiler impagables por quienes las habitan. El 4 de marzo de 2020, el Consejero de Vivienda José Mari Aierdi anunció que la subida media del alquiler de estas viviendas de VPO sería de una media de 60 euros por vivienda. Con la pandemia de la COVID esta subida no se ha hecho efectiva todavía por la ley del Gobierno Central. Pero llegando ahora el fin del Estado de Alarma, TESTA Residencial esta enviado a sus inquilinos cartas indicando cual va a ser el importe que deberán pagar.

La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca ha analizado los ingresos, alquiler y subvenciones de un muestreo de 50 de familias afectadas y aseguran que la subida media real es de 91 euros, un 50% más de lo que el Gobierno de Navarra prometió que subiría. En el caso más favorable es de 74 euros; y para las familias que no tienen subvención las subidas oscilan entre los 150 y los 200 euros mensuales.

“Queremos destacar que son familias de ingresos muy limitados y que en la mayoría de los casos los únicos ingresos son la renta garantizada, o una pensión, por lo que la cantidad de más a pagar supone, una subida de entre un 15 y un 20% de los ingresos familiares”, han alertado dede la PAH. “Incluso, algunos inquilinos están recibiendo cartas denegándoles la renovación y pidiéndoles el desalojo de los inmuebles, cuando el Gobierno de Navarra prometió que todas las familias iban a poder permanecer en sus casas”, han denunciado.

Desde la PAH han avisado de esta situación al Departamento de Vivienda, a través de su Director General Eneko Larrarte “pero la respuesta ha sido cuestionar la veracidad de las subidas que las familias denuncian que padecerán, y dar por finalizadas las negociaciones con el fondo”.

La PAH exige al Gobierno de Navarra “que no se desentienda de sus ciudadanos y que se comprometa a analizar cada caso en particular, como prometió; para garantizar que estas familias no tengan que abandonar sus viviendas, puesto que no pueden acceder a alquileres privados y el Gobierno de Navarra no posee vivienda pública donde realojarles.”