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La jueza Rebeca Esther Alonso ha decretado la puesta en libertad de los 10 jóvenes de Arrotxapea a los que la Policía española acusa de formar parte de un “grupo criminal” que de algún modo trata de ligar con una supuesta “escisión de ETA”, de cuya existencia no hay constancia ninguna. Más surrealista resulta esta teoría si se tiene en cuenta la edad de los arrestados, que oscila entre los 20 y 25 años. Es decir, que cuando ETA declaró su alto el fuego, eran unos adolescentes.

Esta operación policial viene precedida de otra contra sindicalistas y trabajadoras afiliadas a LAB, desarrollada la semana pasada, y cuyas acusaciones por haber participado en acciones de protesta también quedaron diluidas tras el paso de las personas arrestadas por los juzgados. Ambas operaciones no tienen relación entre ellas, sino es que es la misma Brigada de Información la que ha realizado los informes policiales y las detenciones.

Entre los familiares y allegados de los detenidos había preocupación por la decisión que podía tomar la jueza con respecto a los jóvenes, pero finalmente el alivio ha sido generalizado cuando se ha conocido que todos saldrían a la calle. Y es que las informaciones que habían transcendido sobre los informes policiales hacían presagiar lo peor. Todo hacía recordar a cómo en Altsasu una simple pelea de bar llegó a la Audiencia Nacional convertida en un delito terrorista.

Entre las acusaciones policiales se citan unos incidentes ocurridos en noviembre del año pasado en Arrotxapea. A cuatro de ellos se les imputan delitos de desórdenes públicos, atentado, daños, lesiones e integración en grupo criminal; a otros tres se les atribuyen desórdenes públicos, atentado, daños, lesiones; y a los tres restantes, delitos de lesiones. La jueza los ha dejado libres sin tomar contra ellos medidas cautelares.